El Consejo de Ministros ha aprobado hoy en Sevilla enviar al Congreso la Ley Sinde, la parte de la Ley de Economía Sostenible que prevé el cierre de webs con descargas ilegales.
Las medidas contra la piratería en Internet, incluidas dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible, fueron aprobadas sin modificaciones sustanciales con respecto al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de enero, según fuentes próximas al Gobierno.
El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno preveía un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia Nacional.
Carga adicional de trabajo
La ley se ha aprobado tal cual pese a las objecciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien alertó sobre la "importante carga adicional de trabajo" que supondría para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet.
A pesar de que el Consejo avalaba el modelo del Gobierno, precisó en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo que "no se valora el efecto" que puede derivarse de la concentración en los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Copy Paste: elperiodico.com
Las medidas contra la piratería en Internet, incluidas dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible, fueron aprobadas sin modificaciones sustanciales con respecto al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de enero, según fuentes próximas al Gobierno.
El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno preveía un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia Nacional.
Carga adicional de trabajo
La ley se ha aprobado tal cual pese a las objecciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien alertó sobre la "importante carga adicional de trabajo" que supondría para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet.
A pesar de que el Consejo avalaba el modelo del Gobierno, precisó en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo que "no se valora el efecto" que puede derivarse de la concentración en los juzgados de lo contencioso-administrativo.
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