La lista de Sinde

La lista de Sinde es una iniciativa ciudadana de "desobediencia digital" que persigue la retirada de la disposición final primera de ese anteproyecto de ley por considerarla un "obstáculo para la cultura libre".

El Ministerio de Industria recibió ayer una relación de 1.180 webs que supuestamente facilitan la descarga no autorizada de música, vídeos, películas y series de televisión. La denuncia no provenía de ningún organismo de defensa de los derechos de autor, sino de los propios responsables de estas páginas, que de esta manera pretenden, de alguna manera, desbordar las pretensiones del Gobierno de acabar con las webs que permiten este tipo de intercambio entre particulares.
Se llama La lista de Sinde, en alusión tanto a la película de Steven Spielberg como al apellido de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, quien, pese a alguna desautorización del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido la abanderada en la nueva legislación contra las descargas que impulsa el Ejecutivo a través del anteproyecto de ley de economía sostenible. No está formada por ninguno de los grandes portales que ofrecen vínculos o archivos para ser descargados, sino por las páginas de asociaciones de vecinos, blogs, pequeños partidos políticos o autores contrarios a la regulación por el Gobierno de los derechos de propiedad intelectual.

LA REACCIÓN / La lista de quienes se delatan comenzó a gestarse el pasado diciembre, después de que la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, el ente que engloba en este campo a organismos como la SGAE y las discográficas, entregase a Industria una relación de 200 grandes portales de descargas. De acuerdo con la industria cultural, dichas webs se encuentran detrás del 80% del intercambio no autorizado de archivos en España.
«Es una campaña en respuesta a la intención del Gobierno de crear una comisión censora en el Ministerio de Cultura para cerrar y bloquear webs sin las garantías de un juicio previo –dicen sus artífices–. Nuestro objetivo es responder con esta nueva lista de otras 200, 2.000 o 20.000 páginas que el Gobierno debería también censurar por la misma razón: compartir cultura».
Tal como ha quedado redactado el anteproyecto, será esa comisión dependiente de Cultura la que denuncie a determinada página, pero esta no será cerrada ni bloqueada sin que antes medie una resolución de los magistrados de la Audiencia Nacional.

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